A fines de 2024 se conoció que la Auditoría General de la Nación (AGN) había advertido ante la Comisión Mixta del Congreso que el Banco Central (BCRA), bajo la presidencia de Santiago Bausili, obstaculizaba la auditoría vinculada al envío de lingotes de oro al exterior realizado ese año. En aquel momento, el organismo de control señaló que no se le permitía acceder a la información necesaria para llevar adelante la tarea.

Tras una serie de intimaciones iniciadas en septiembre, la AGN no solo recomendó al Congreso avanzar con una demanda judicial por entorpecimiento de la labor de auditoría, sino que además recibió una respuesta del BCRA en la que se afirma que no existen contratos vinculados al envío de oro al exterior y que, por ese motivo, no habría documentación que auditar.

Con relación al primer aspecto, y pese a las demoras que había tenido el tratamiento del pedido en la Comisión Mixta que encabeza Miguel Ángel Pichetto, la situación avanzó luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocara un fallo de primera instancia y ordenara al Banco Central entregar la información pública relacionada con la salida de los lingotes.

Desde el punto de vista formal, la AGN se encuentra habilitada para iniciar acciones judiciales en función de sus atribuciones constitucionales y legales, ante un eventual incumplimiento del artículo 119, inciso b), de la Ley 24.156 y del Decreto 1172/2003 de Acceso a la Información Pública. No obstante, para hacerlo debía contar con el cuerpo de auditores completo, una condición que quedó satisfecha tras la jura de los nuevos integrantes: Mónica Almada, Pamela Calletti y Juan Ignacio Forlón.

Sin embargo, el caso abrió un nuevo frente a partir de las notas remitidas por el Banco Central, en las que se sostiene que no existirían contratos que respalden los envíos de oro al exterior. Según fuentes consultadas, la confirmación oficial del BCRA encendió alertas dentro de la AGN. En su respuesta, el organismo monetario afirmó que “los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen a la fecha ni existían al 31/12/2024”, consignó el diario "Ámbito".

La postura del Central va incluso más allá, al señalar que no se elaboraron informes del servicio jurídico sobre esos supuestos contratos, justamente porque -según indicó- no hay acuerdos de ese tipo. Esta posición deberá ser ratificada ahora en el ámbito judicial.

A partir de esa respuesta, dentro de la AGN surgieron distintas hipótesis ante la imposibilidad de elaborar el informe de auditoría sobre el envío de lingotes valuados en 4.981 millones de dólares. Entre las conjeturas que circularon se incluyó la posibilidad de que el oro hubiese sido transformado en liquidez, aunque esa alternativa no pudo ser verificada debido a la falta de información.

En septiembre, durante su exposición ante la Comisión Mixta, el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, había advertido que el intercambio de notas con el BCRA estaba agotado y que la negativa a brindar información impedía continuar con la auditoría. “No podemos saber dónde está específicamente el oro”, sostuvo entonces.

Tal como informó Ámbito, desde la AGN remarcaron que el Banco Central se amparó en argumentos de confidencialidad para negar el acceso a la documentación, pese a que el organismo de control tiene antecedentes en el manejo de información sensible, como ocurrió durante la auditoría sobre la compra de vacunas contra el covid.

Además, señalaron que la única alternativa ofrecida por el BCRA fue consultar la información desde sus computadoras, sin posibilidad de tomar copias, fotografías ni notas, lo que en la práctica hacía inviable el trabajo técnico. La imposibilidad de conservar evidencia documental impide, según la AGN, respaldar adecuadamente las conclusiones de una auditoría.

Desde el Banco Central respondieron que en auditorías anteriores la AGN no había objetado la verificación in situ. Esa afirmación fue relativizada por el organismo de control, que aclaró que ese procedimiento se aplicó únicamente en auditorías financieras y no en auditorías de gestión como la actual.

Auditores con mandato vencido también cuestionaron la postura del Central y señalaron que no se ajusta a prácticas anteriores, en las que se entregó toda la información requerida. Como ejemplo, mencionaron el informe aprobado por Resolución 4/2024 sobre los procedimientos del BCRA para la administración de reservas internacionales, en el que, pese a abarcar el conjunto de las reservas y no solo el oro, se facilitó toda la documentación solicitada.

El fallo

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió en las últimas horas que el Banco Central debe informar qué destino tuvieron los lingotes de oro enviados al exterior durante 2024. De este modo, el tribunal dejó sin efecto una decisión de primera instancia que había convalidado el secreto absoluto sobre esos datos y dispuso que la autoridad monetaria brinde precisiones o, en su defecto, fundamente de manera concreta por qué no puede hacerlo.

El pronunciamiento, suscripto por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, cuestionó los argumentos del BCRA al señalar que se apoyaron en “afirmaciones genéricas” y que no lograron acreditar cómo la difusión de la información solicitada podría afectar la estabilidad financiera. En ese sentido, la Cámara consideró que la negativa vulneró los principios de transparencia y de máxima publicidad que rigen el acceso a la información pública.

Los magistrados remarcaron que se trata de un tema “de indudable interés público”, vinculado a la administración de las reservas internacionales, y advirtieron que la aplicación de excepciones legales para negar información no puede basarse en una decisión unilateral del organismo requerido. Según el fallo, el Estado debe demostrar de forma concreta que la divulgación de los datos causaría un perjuicio a un interés legítimamente protegido, publicó el Diarioar.com.

Asimismo, la resolución subrayó que el Banco Central no explicó por qué no estaba en condiciones de informar si existieron operaciones de envío de lingotes al exterior, cuál fue el monto involucrado, en qué ámbito se tomó la decisión, si hubo expedientes administrativos ni si la sindicatura fue notificada.

En su defensa, el BCRA había rechazado la entrega de los informes solicitados al sostener que su divulgación podría revelar la ubicación de los activos y comprometer la seguridad de las reservas internacionales, además de afectar la política cambiaria y la estabilidad del sistema bancario.

La causa se inició a partir de solicitudes formales presentadas por la Asociación Bancaria, que durante 2024 requirió información sobre posibles envíos de oro al exterior, incluyendo montos, fechas, decisiones administrativas, funcionarios involucrados, costos logísticos y destino final. Desde el sindicato argumentaron que la falta de respuestas impedía ejercer un control ciudadano sobre decisiones clave vinculadas a la política monetaria y la gestión de las reservas internacionales.